El ataque contra 17 bases de la Media Luna Roja, 94 ambulancias y más de 280 centros médicos interrumpe la asistencia a las víctimas. Desde el derecho internacional, esto constituye una de las violaciones más evidentes de las normas humanitarias. La comunidad internacional, los Estados y las organizaciones deben responder de forma seria y efectiva, exigir rendición de cuentas a los agresores y evitar que la impunidad conduzca a la repetición de estos crímenes en otras partes del mundo.